Función Pública

¿Consolidación de grado de funcionario de carrera con ocasión de nombramiento temporal?

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Consolidación de grado personal en atención a servicios prestados mediante nombramientos temporales.

Los nombramientos temporales sirven para afrontar necesidades o circunstancias imprevistas pero siempre desde una vocación temporal limitada. En cambio una vez solucionada esa imperiosa necesidad -mediante el parche del nombramiento temporal- la convocatoria del puesto de trabajo puede caer en el olvido, encontrándonos con adscripciones temporales que superan la década de duración -o más-. Ocurre entonces que un funcionario de carrera puede desempeñar durante lustros un puesto de trabajo con un nivel de complemento de destino superior al de su puesto de origen pero sin repercusión alguna en la consolidación del grado personal. (más…)

Función Pública

Procedimiento administrativo electrónico imposible e indefensión.

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Sobre los procedimientos administrativos electrónicos que vedan de inicio la posibilidad de participación del administrado.

La jurisdicción contencioso administrativa viene a fiscalizar la actuación administrativa previa, que generalmente descansará en un procedimiento que culmina con una resolución desfavorable al recurrente. El artículo 25 de la ley 29/1998 -LJ- dispone que el recurso será admisible frente a disposiciones de carácter general o actos expresos y presuntos que pongan fin a la vía administrativa y tengan la condición de definitivos o actos de trámite cualificado, recurso que cabe igualmente frente a la inactividad  y vía de hecho conforme su propia regulación. Lo que no cabe por tanto es iniciar un procedimiento judicial frente a la «nada» como trataremos a continuación. (más…)

Educacion

Derecho a la educación, elección de centro y límites a la facultad de autoorganización de la Administración.

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Límites a la potestad discrecional de la Administración en relación al derecho de elección de centro educativo. SJCA Pontevedra nº1 de 13 de noviembre de 2020.

Una de las vertientes del derecho a la educación se concreta en la elección de centro docente -con un alcance limitado en función de la ponderación de distintos intereses-. Es legítimo que la Administración pueda establecer una serie de requisitos objetivos para regular la admisión de los alumnos en caso de insuficiencia de plazas. Dentro del elenco de criterios a tomar en consideración puede baremarse la capacidad económica, domicilio, matrícula de otros hermanos… Del mismo modo la Administración puede evaluar anualmente las necesidades educativas al objeto de reforzar ciertos centros o reducir la capacidad de otros en función de criterios objetivos. (más…)