Sanitario

Derecho a la asistencia sanitaria pública en supuestos de accidente de tráfico y otros.

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Asistencia sanitaria al asegurado o beneficiario del sistema público de Salud con independencia de la repetición frente al causante.

En ocasiones parece existir cierta confusión respecto al derecho del asegurado a recibir asistencia sanitaria en el sistema público de salud cuando su dolencia trae causa de unos hechos en los que existe un tercero que es el causante de la misma, y/o existe un seguro / convenio que cubre esos riesgos. Tratamos de supuestos relativamente comunes como accidentes de tráfico. En estos casos es habitual que el perjudicado/lesionado acuda al Servicio Público de Urgencias donde se le prestan esos primeros auxilios, haciendo constar el origen de la lesión, pero posteriormente al acudir a su centro de salud y tratar con el facultativo de atención primaria a veces se le señala que su asistencia y curación no corresponde al sistema público siendo derivado verbalmente a la aseguradora correspondiente para que continúen con el tratamiento, rehabilitación, seguimiento… (más…)

Procesal

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales y agotamiento de la vía administrativa.

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Singularidades del procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales y agotamiento de la vía administrativa previa.

El procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales tiene una regulación autónoma en el capítulo I del título V de la Ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa (LJ), artículos 114 y ss. Este procedimiento especial -potestativo- es apto para encauzar pretensiones cuya motivación tenga amparo en la vulneración de alguno de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 53.2 de la Constitución (CE) y, como todos los procedimientos especiales, tiene sus singularidades respecto al procedimiento ordinario (ordinario/abreviado). En esta entrada vamos a tratar una cuestión que a veces ha suscitado cierta controversia, como es el agotamiento de la vía administrativa previa y su tratamiento caso de haber interpuesto algún recurso administrativo, todo ello desde una perspectiva práctica y cita de jurisprudencia de aplicación. (más…)

Procesal

Alcance de la cosa juzgada. STS 7 Noviembre de 2016

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Alcance objetivo de la cosa juzgada y vinculación posterior.

El artículo 31 de la vigente ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa (LJ) permite acumular a la pretensión de anulación de una disposición o acto administrativo otra petición para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, inclusive la fijación de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos. En muchas ocasiones, y en base a un principio de economía procesal y agilidad, se opta por esta acumulación evitando así la interposición de un segundo recurso, pero si nos «reservamos» la reclamación por daños y perjuicios es importante valorar el alcance de las pretensiones del primer recurso y el contenido del fallo, o lo que es lo mismo examinar lo que se pide, lo que se da -y lo que no se da-, como desarrolla la  interesante STS de 7 de noviembre de 2016. (más…)

Otros

La tasación de costas frente a la Administración

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La ejecución de la tasación de costas frente a la Administración.

La reforma del régimen de imposición de costas en la jurisdicción contencioso administrativa -operada por La ley 37/2011, de medidas de agilización procesal- introdujo en nuestro ordenamiento la generalización del criterio del vencimiento objetivo en contraposición al criterio anterior de temeridad o mala fe, y de este modo levantó una importante barrera disuasoria respecto a la interposición de cualquier recurso. Una vez puesta en marcha la reforma, profundamente injusta para la parte más débil de la ecuación, el número de asuntos que entraban en los juzgados disminuyó sensiblemente, cumpliendo fielmente con el fin último de la reforma que se revelaba como de contenido económico (ahorro) con absoluta indiferencia de lo que pudiera implicar para el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la tutela judicial efectiva. Lo cierto es que el impacto de este nuevo régimen de vencimiento objetivo en la imposición de costas tuvo y tiene un efecto disuasorio mucho mayor que el que tuvieron las tasas judiciales, cuyo recorrido afortunadamente fue mucho más breve. (más…)

Función Pública

Medida cautelar frente exclusión proceso selectivo.

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La medida cautelar como posible solución a la exclusión de aspirante en proceso selectivo.

En cualquier proceso selectivo convocado por las Administraciones Públicas el listado provisional de admitidos y excluidos suele deparar alguna sorpresa, desagradable para los que son incluidos en el segundo listado. Para el caso de no subsanar en plazo el defecto -o ser insubsanable- la exclusión se confirmará en el listado definitivo. Los motivos pueden ser múltiples, desde no alcanzar una edad determinada, no acreditar la titulación exigida, no constar el abono de las tasas, o el incumplimiento de cualquier otro requisito que contuvieran las bases de la convocatoria. (más…)

Procesal

Inadmisión en sede administrativa y su fiscalización judicial: Retroacción o fondo del asunto.

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Alcance del pronunciamiento judicial en relación a una previa inadmisión en sede administrativa.

Es importante antes de iniciar cualquier procedimiento judicial verificar una serie de cuestiones esenciales como el cumplimiento de los requisitos procesales básicos, hablamos del agotamiento de la vía administrativa, efectuar la interposición dentro de plazo hábil, acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas…, y junto a estas cuestiones de inexcusable cumplimiento también será conveniente hacerle saber al recurrente lo que significará el recurso de modo aproximado, plazos, probabilidades de éxito -cuestión siempre compleja porque certezas pocas hay-, posible imposición de costas y criterio manejado al respecto por el Tribunal o Juzgado en el que se peleará la cuestión, etc… Ahora bien, cuando la Administración ha zanjado de plano la petición del administrado mediante una inadmisión, surge una nueva duda respecto a si el Tribunal entrará en el fondo del asunto o procederá a ordenar la retroacción del expediente al momento oportuno. (más…)

Función Pública

Traslado por razón de salud.

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Traslado por razón de salud.

Con independencia de los procedimientos de movilidad ordinarios, como el concurso de traslados -que no siempre se convoca con la regularidad que sería deseable- existen otros mecanismos específicos en los que por causas tasadas el funcionario puede solicitar su movilidad, debiendo tramitarse un procedimiento «ad hoc», como es el caso del peticionado por motivos de salud (más…)

Administracion Local

Límites a la postura procesal del codemandado en la jurisdicción contenciosa. Auto TSJ Galicia 19/11/2010

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Expulsión del procedimiento del codemandado que pretende actuar como codemandante.

Tras la interposición del recurso contencioso administrativo la Administración viene obligada a la remisión del expediente administrativo, así como al emplazamiento de aquellos que aparezcan como interesados en el mismo, y conforme artículo 49.1. Ley 29/1998, notificará a éstos la existencia del proceso judicial por si consideraran oportuno su personamiento en la litis. La cuestión es que pocas veces se realiza -aun de modo somero- un estudio previo por parte de la Administración de los verdaderos «afectados», pudiendo ocurrir que al realizar emplazamientos indiscriminados y «aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid», se personen en el proceso judicial codemandados que pretendan apoyar las tesis del recurrente porque el acto administrativo les perjudica y en su momento dejaron transcurrir el plazo para interponer su propio recurso. Pasamos a comentar un supuesto real en el que puede valorarse esta realidad y sus implicaciones. (más…)

Función Pública

Silencio positivo en materia de función pública. STJ Galicia 2 mayo 2017

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Silencio positivo en materia de función pública. Inaplicación RD 1777/1994.

La aplicación de la institución del silencio positivo puede suponer una ventaja decisiva para el administrado -con independencia de la cuestión de fondo y de los motivos que la avalen- y es que de perfeccionarse no será preciso entrar en el fondo de la cuestión, procediendo la estimación de la demanda en los términos que se hubiera planteado en sede administrativa. Ahora bien, el alcance y requisitos para que «cristalice» este silencio son variados, y en esta entrada nos vamos a centrar en un punto muy concreto que viene generando controversia y respuestas judiciales no siempre uniformes, tratamos del alcance del silencio positivo en materia de personal relativa a la Administración General del Estado (AGE), y la posibilidad de acudir al RD 1777/1994 para avalar -o no- un sentido del silencio desestimatorio. (más…)

Función Pública

Discriminación retributiva y cotizaciones funcionarios interinos. SAN 30 marzo 2017

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Conculcación principio de igualdad y discriminación retributiva, art. 14 CE.

Dentro del universo y tipologías de funcionarios interinos existía un colectivo con ciertas «singularidades» -al menos en sus inicios-, tratamos de jueces y fiscales sustitutos. El Real Decreto-ley 16/1978 en su artículo 1 señalaba que el personal interino o en prácticas al servicio de la Administración de Justicia estaría incluido obligatoriamente en el Régimen de la Seguridad Social con la extensión que se fijara reglamentariamente, lo que significaba en la práctica que su cobertura estaba limitada al caso de enfermedad y tras el Real Decreto 2363/1985 también al desempleo, lo que originaba una patente situación de desigualdad respecto al resto de funcionarios interinos pertenecientes a otros colectivos (AGE, CCAA o entidades locales, por ejemplo) (más…)