Procesal

El derecho de petición y la imposible transmutación procedimental del plomo en oro.

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Improcedencia de tramitar como derecho de petición reclamaciones fundadas en derecho.

Cuando se estudia la jurisdicción contencioso administrativa una de las primeras consideraciones que se destacan es su carácter revisor, entendido la misma como la imposibilidad de articular «ex novo» un procedimiento judicial a la libre elección del recurrente y sin la existencia de un objeto procesal predeterminado. Ello no quiere decir que la jurisdicción no sea plena en el sentido de que puedan hacerse valer los fundamentos que se consideren oportunos -hayan sido o no alegados previamente en sede administrativa-, pero las pretensiones y la tipología del procedimiento en vía administrativa sí nos vinculan, recomendando la lectura de la siguiente entrada Link en el excelente blog del compañero Diego Gómez -en relación a la naturaleza revisora-. En nuestro caso la problemática va más allá de este punto desde el momento en que es la Administración quién modifica unilateralmente la verdadera naturaleza jurídica de la reclamación del administrado. (más…)

Función Pública

Presentación telemática de instancia no finalizada y posibilidad de subsanación.

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El error en la finalización de la presentación de una instancia por medios telemáticos en un procedimiento administrativo y posibilidad de subsanación.

La Administración electrónica es ya una realidad muy presente en la forma de comunicarse de los ciudadanos con las distintas administraciones y en la tramitación de los procedimientos. La cuestión es que mientras en la tramitación en papel la posible existencia de errores en el registro de una instancia o solicitud es infrecuente en el sentido de que el ciudadano tras la presentación en Registro guarda la copia sellada en su poder, cuando tratamos de la presentación telemática existen múltiples factores que pueden generar confusiones, especialmente en un momento de implantación inicial en muchos ámbitos. Puede ocurrir por distintos motivos- que alguien que no haya finalizado la presentación con la firma electrónica y registro pueda pensar que sí ha cumplido con dicha presentación para confirmar tiempo después que queda apartado del procedimiento sin posibilidad de subsanación, siendo esta situación la que trataremos a continuación. (más…)

Procesal

Desistimiento en la jurisdicción contencioso administrativa y sus límites. Auto TSJ Castilla León 3 de julio 2019.

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Desistimiento
Desistimiento

Límites al desistimiento en la jurisdicción contencioso administrativa y posible fraude procesal.

La ley de la jurisdicción contencioso administrativa incluye el desistimiento como uno de los modos de terminación del procedimiento -artículo 74 LJ-, siendo la regla general que el recurrente puede en cualquier momento poner fin al procedimiento. En la mayoría de las ocasiones el desistimiento es tramitado de forma ágil y sencilla toda vez que no suele plantearse oposición por la contraparte más allá de la discusión respecto a la imposición de las costas. (más…)

Procesal

Límites a la legitimación del denunciante en la jurisdicción contenciosa. STS 28 de enero de 2019.

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Límites a la legitimación del denunciante en el proceso contencioso administrativo.

La regulación de la legitimación en la jurisdicción contencioso administrativa viene regulada en el artículo 19 de la ley 29/1998, y como criterio general acudimos a su apartado 1.a.  en el que se exige ostentar un derecho o al menos un interés legítimo, teniendo este último una proyección bastante amplia al tener un impacto directo en el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE), si bien tiene obviamente límites en los ámbitos en los que no opera la acción pública. Uno de los supuestos donde se viene generando más fricción -a la hora de fijar sus límites- viene dado por la postura y alcance de la legitimación  del denunciante que pretende fiscalizar judicialmente una concreta sanción -o ausencia de ella- en un procedimiento que entiende le afecta. (más…)

Procesal

Prescripción de la sanción, silencio presunto a la alzada y ley 40/2015.

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Silencio presunto en vía de recurso de alzada frente a resolución sancionadora y prescripción de la sanción a la luz de la ley 40/2015.

Uno de los males que el administrado viene padeciendo con relativa frecuencia es la ausencia de respuesta expresa a sus recursos, y ello a pesar del mandato imperativo contenido tanto en la derogada ley 30/1992 como en la vigente 39/2015. La ley 40/2015 introduce una importante novedad que tiene relación con esta casuística y más en concreto con la fijación del dies a quo para el cómputo de la prescripción de la sanción recurrida en una alzada no resuelta. (más…)

Procesal

Acreditación de la representación en vía de recurso administrativo e improcedente declaración de desistimiento.

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La acreditación de la representación en sede de recurso administrativo y posibles consecuencias respecto de su falta de cumplimentación.

Tanto la derogada ley 30/1992 como la vigente 39/2015 establecen en su articulado previsiones en cuanto a la acreditación de la representación, nos estamos refiriendo a los artículos 32.3 y 32.4 de la 30/1992 y artículo 5 de la Ley 39/2015, y más en concreto al posible defecto en dicha acreditación en sede de recurso administrativo con los efectos que de ello se deriven, principalmente la posibilidad de que se declare al recurrente desistido del recurso y confirmada la resolución administrativa impugnada. (más…)

Función Pública

Legitimación activa de la Junta de Personal. STJ Galicia 23 enero 2019

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Alcance de la legitimación activa de la Junta de Personal en el orden contencioso administrativo. STJ Galicia 23 enero de 2019.

Uno de los requisitos procesales indispensable para entablar cualquier proceso contencioso administrativo viene determinado por ostentar la necesaria legitimación activa conforme  artículo 19 de la Ley 29/1998. En materia de personal no cabe acudir a una inexistente acción pública debiendo el recurrente justificar un interés legítimo en la interposición de cada recurso,  tratando a continuación del alcance de esa legitimación en relación a la Junta de Personal. (más…)

Función Pública

Responsabilidad patrimonial posterior a anulación de acto administrativo. Inexistencia de «cosa juzgada virtual»

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Posibilidad de iniciar un procedimiento de responsabilidad patrimonial tras la existencia de sentencia favorable.

La vigente ley de la jurisdicción contencioso administrativa habilita al recurrente a instar el reconocimiento de una situación jurídica individualizada junto a la anulación del acto, citando expresamente entre las varias posibilidades la fijación de una indemnización por los daños y perjuicios sufridos consecuencia de la actividad cuya revocación se pretende. El artículo 71 LJ establece igualmente como contenido necesario del fallo judicial la determinación del alcance de la indemnización cuando se hubiere peticionado por el recurrente y consten probados los elementos suficientes para ello. La cuestión es determinar que ocurre cuando el recurrente no peticiona nada en su demanda inicial más allá de la anulación del acto. ¿Cierra esto la vía a cualquier reclamación indemnizatoria ulterior por aplicación del artículo 400 LEC? ¿Cabe iniciar en base a dicho fallo estimatorio un procedimiento posterior de responsabilidad patrimonial?. (más…)

Procesal

El plazo para la interposición del recurso, extemporaneidad y la posible «concurrencia de culpas». STJ Galicia 3 octubre 2007

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Extemporaneidad en la interposición del recurso y la posible existencia de «concurrencia de culpas».

Antes de la interposición de cualquier contencioso es recomendable realizar una lista de comprobación o «checklist» en el que repasemos los requisitos formales y procedimentales básicos, evitando así -en la medida de lo posible- sorpresas en la contestación a la demanda, porque muy probablemente el letrado de la Administración sí examinará esas cuestiones, como puede ser el cumplimiento de los plazos procesales (art. 46 LJ). En relación a la interposición tardía de un recurso hubo un supuesto un tanto atípico, hace ya algunos años, en el que hubo que enfrentar el vencimiento del plazo máximo para interponer un recurso contencioso frente a una disposición de carácter general con la actuación previa de la Administración, que en cierta medida coadyuvó a que se produjera esa situación, siendo fiscalizado en sede judicial. (más…)

Función Pública

El funcionario y la defensa en juicio de sus derechos estatutarios. Art. 23.3. LJ

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La asunción por el funcionario público de su defensa en juicio. Alcance y límites.

La ley de la jurisdicción contenciosa ha venido reconociendo la posibilidad de que el funcionario público asuma su propia defensa en litigios contencioso administrativos que versen sobre sus derechos estatutarios. Si bien esta facultad ha sufrido distintas reformas legales -y no siempre se ha admitido-, actualmente el artículo 23.3. de la ley 29/1998 de la jurisdicción contencioso administrativa (LJ) dispone  «Podrán, no obstante, comparecer por sí mismos los funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separación de empleados públicos inamovibles», aunque dicha potestad no es ilimitada como veremos a continuación. (más…)