Función Pública

Integración de funcionario en la Administración autonómica. STJ Galicia 31 mayo 2017.

Integración de funcionario de carrera en la Administración autonómica conforme D.T. 13 Ley 2/2015 de empleo de Galicia.

En distintas leyes de función pública se ha venido regulando la integración de personal funcionario de carrera proveniente de otra Administración. Es el caso de la Disposición Transitoria Decimotercera de la Ley 2/2015 de empleo de Galicia (DT 13 en adelante) que facilita este mecanismo de integración en la Administración autonómica gallega, incluyendo en esta ocasión -como puesto de origen- los desempeñados en el sector público autonómico, cuestión esta última que trataremos en la presente entrada.

Precepto legal de aplicación:

Para la mejor comprensión de la controversia transcribiremos la DT 13 que dispone:

 “Integración en la función pública autonómica del personal funcionario de carrera procedente de otras administraciones públicas que, con anterioridad al 18 de septiembre de 2014, se hallase ocupando con carácter definitivo un puesto de trabajo obtenido por libre designación.

El personal funcionario de carrera procedente de otras administraciones públicas que, con anterioridad al 18 de septiembre de 2014, se hallase ocupando con carácter definitivo en la Administración general de la Comunidad Autónoma de Galicia o en las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico un puesto de trabajo obtenido por libre designación, o bien se hallase a disposición o en adscripción provisional, como consecuencia del cese en un puesto obtenido por libre designación o de la alteración del contenido o la supresión del puesto, y que continúe prestando servicios en dicha Administración en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, se integrará plenamente en la organización de la función pública autonómica, en los términos previstos por el apartado cuarto del artículo 104, con efectos desde la fecha de la entrada en vigor de esta ley.”

 

Requisitos y antecedentes de hecho:

A nuestro juicio, la norma legal establecía unos presupuestos para la integración que se sintetizaban en los siguientes puntos:

1.- El personal que inste la integración habrá de ostentar la condición de funcionario de carrera y proceder de otra Administración.

Circunstancia que cumplía el recurrente y nadie discutía.

2.- Prestar servicios con anterioridad al 18 de septiembre de 2014, y que siga prestándolos en el momento de la entrada en vigor de la Ley 2/2015.

Requisito que nuevamente cumple el demandante.

3.- Que el desempeño se venga dando en un puesto de trabajo de la Comunidad Autónoma de Galicia o de las entidades públicas instrumentales del sector público autonómico, prestando nuestro patrocinado sus servicios en una entidad pública instrumental gallega.

4.- Que dicha prestación de servicios se haya venido dando con carácter definitivo en un puesto de trabajo obtenido por libre designación, o bien se hallase a disposición o en adscripción provisional como consecuencia del cese en un puesto obtenido por libre designación, o de la alteración del contenido/supresión del puesto.

Es aquí donde surge la disputa jurídica desde el momento en que la Administración autonómica únicamente acepta el nombramiento obtenido por libre designación -a efectos de la integración conforme DT 13- si consta tal forma de provisión en la respectiva RPT del ente instrumental debiendo haber sido precedida de la oportuna convocatoria pública conforme el artículo 29.2. del Decreto Legislativo 1/2008 entonces vigente (requisito que se reitera en la Ley 2/2015)

Alegatos en la primera instancia y sentencia del juzgado de instancia.

En la primera instancia se centraron los alegatos principalmente en estos dos aspectos:

1.- En relación a la RPT, se señalaba que muchos entes instrumentales carecían de RPT, como ocurre igualmente con otras administraciones, especialmente entidades locales, existiendo numerosos entes del sector público que funcionaban con plantillas de personal, siendo avalada esta realidad por  el Decreto autonómico 119/2012, de 3 de mayo, por el que se regulan las retribuciones y percepciones económicas aplicables a los órganos de gobierno o dirección y al personal directivo de las entidades del sector público autonómico cuando dispone:

“Artículo 7 Personal directivo

  1. A efectos de la ordenación de retribuciones que se establece en el presente decreto tendrá la consideración de directivo el personal que desempeñe puestos de trabajo definidos como tales en la relación de puestos de trabajo o en la plantilla de personal de la entidad, en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia de las funciones gerenciales o de dirección y coordinación asignadas a ellos, cualquiera que sea el vínculo jurídico administrativo o laboral que se formalice para desarrollar dichas funciones, y con independencia de que concurra previamente en él la condición de empleado público.

Pudiendo observarse cómo la norma maneja indistintamente – al utilizar la conjunción “o” – la RPT o la plantilla de personal de la entidad, sin que la DT exigiera una RPT vigente en el ente instrumental respecto del que se pudiera predicar la integración.

2.- Respecto a la convocatoria pública para la provisión del puesto por libre designación, entendíamos que al tratar de la provisión de un puesto directivo propio de una entidad pública instrumental del sector público autonómico -no de la Administración General de la Xunta de Galicia- había que acudir a la normativa propia de dichos entes instrumentales, concretamente la Ley autonómica 16/2010, de 17 de diciembre, de organización y funcionamiento de la Administración general y del sector público autonómico de Galicia, que en su artículo 60 -incardinado dentro del Título III en el que se regula el régimen jurídico de las entidades instrumentales del sector público autonómico- dispone:

“Artículo 60 Personal de alta dirección

  1. La contratación de personal de alta dirección se someterá a los principios de mérito y capacidad, entre personas que reúnan los requisitos de solvencia académica, profesional, técnica o científica que en cada caso sean necesarios para el desarrollo de la función.
  2. La fijación de sus retribuciones deberá contar con un informe previo favorable de los centros directivos competentes en materia de presupuestos y de función pública. Únicamente por razones vinculadas a la especial cualificación profesional estas retribuciones podrán igualar o superar las de la persona titular de la Presidencia de la Xunta.”

La literalidad del precepto difiere del contenido de las normas de función pública (Decreto Legislativo 1/2008 y posterior Ley 2/2015), sin que se exija RPT ni convocatoria pública, como expresamente requiere la legislación de aplicación al personal funcionario de la Administración autonómica.

La sentencia de instancia entiende que no era exigible la vigencia de una RPT, pero desestima la demanda en base al segundo motivo esgrimido por la Administración (inexistencia de procedimiento por libre designación precedido de convocatoria pública).

 

Apelación /STJ Galicia de 31 de mayo de 2017

En la apelación se venían a reforzar los argumentos ya manejados en la primera instancia, señalando que la Administración autonómica había introducido unos requisitos añadidos a lo dispuesto en la DT que la hacían inaplicable -en la novedad que contenía respecto a la posibilidad de integración desde entes del sector público-, citando entre otras Sentencia Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, Sentencia 596/2015 de 28 Oct. 2015, Rec. 377/2015, cuando al tratar del alcance y modo de interpretación de un precepto dispone:

“QUINTO.- Nos encontramos ante la interpretación de un precepto que se somete a los criterios que nos ofrece el art.3.1 del Código Civil (LA LEY 1/1889): “Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”.

En primer lugar, se trata de interpretar el inciso “mientras permanezcan en situación de servicio activo”, cuya literalidad remite a una situación administrativa precisa y no a un determinado cuerpo o función. La ley no distingue y no debemos hacerlo al interpretar, especialmente cuando “servicio activo” es un concepto jurídico determinado con contenido claro y acotado, que se predica de la relación de un funcionario con su Administración, al margen de las concretas funciones o puesto de trabajo (art.86 Estatuto Básico del Empleado Público (LA LEY 3631/2007))…”

Del mismo modo en nuestro caso los motivos de oposición aducidos por la Administración autonómica descansaban en unos condicionantes ajenos a la literalidad del precepto y que de hecho imposibilitaban su efectiva aplicación respecto de los entes instrumentales.

Finalmente la Sentencia del TSJ Galicia de 31 de mayo de 2015 dispone:

“En la sentencia de instancia se refiere que el precepto, al regular una situación temporal y excepcional ha de ser objeto de una interpretación y aplicación restrictiva. Podemos coincidir con esa afirmación, pero la excepcionalidad no puede entrañar ni una exclusión de sus previsiones ni una interpretación que la vacíe de contenido, ya que eso equivaldría a dejar sin efecto sus determinaciones que conviene recordar, aunque excepcional, es una previsión legal.

En la norma ni se excluyen los nombramientos directos, como el que determinó la atribución al recurrente del puesto de Director y después el de Gerente, en cualquier caso respecto de ambos resulta del expediente que en las dos tomas de posesión se consigna expresamente como forma de provisión el de libre designación (documentos 4 y 8 del expediente) ni se exige que en las entidades públicas instrumentales cuenten con RPT, tan solo se exige que el puesto tenga carácter definitivo con anterioridad al 18 de septiembre de 2014 y que se mantenga al tiempo de entrada en vigor de la Ley, que no se discute que tuvo lugar el 24 de mayo de 2015.

Por ello hemos de concluir que el recurso ha de ser estimado y la sentencia revocada, de forma que con arreglo a las previsiones contenidas en la transcrita disposición transitoria el apelante tiene derecho a su integración en el Cuerpo Superior del Grupo A-1 de la Xunta de Galicia, desde la fecha 24 de mayo de 2015.”

 

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-

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