Procesal

Procedencia de indemnización por dictado de acto administrativo en procedimiento caducado. STS 20 febrero de 2020.

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Procedencia de indemnización por daños y perjuicios en supuestos de declaración de caducidad del procedimiento administrativo.

Hay supuestos en los que la pretensión de la parte recurrente -en sede jurisdiccional contencioso administrativa- es la declaración de caducidad del procedimiento administrativo anudando una indemnización por daños y perjuicios. Caso de estimarse la caducidad del procedimiento volveremos a la casilla de salida en el sentido de esperar el próximo movimiento de la Administración que podría comenzar un nuevo expediente que resolviera nuevamente el fondo del asunto -si la prescripción se lo permite-, pero surge la duda de si el fallo que declara la caducidad -sin prejuzgar el fondo del asunto- puede y debe realizar algún pronunciamiento sobre la petición de indemnización y su alcance. Cuestión que resuelve la reciente STS de 20 de febrero de 2020 que pasamos a comentar.

Lo cierto es que la STS de 20 de febrero de 2020, rec. 4695/2018 realiza un estudio muy didáctico sobre su procedencia y aprovecha para recordar algunas cuestiones básicas sobre la materia en el orden jurisdiccional contencioso administrativo.

Antecedentes.

Una entidad local declara la caducidad de una concesión administrativa de uso privativo del dominio público constituido por tres sectores de los soportales de una plaza. Dicha resolución se dicta en un expediente ya caducado.

La demandante en sede judicial interesa la declaración de caducidad y el abono de indemnización.

El juzgado de instancia estima parcialmente dicho recurso declarando la caducidad y reconociendo «la responsabilidad patrimonial» de la entidad local cuyo alcance: «debe referenciarse a las rentas dejadas de percibir hasta la fecha en que vuelva a estar en el uso de dicha concesión o, en su caso, hasta el límite temporal fijado en la propia concesión, siempre restándose el canon que debiera haber abonado la concesionaria en tal periodo.»

Dicho fallo es recurrido en apelación, que es parcialmente estimado por el TSJ el cual confirma la declaración de caducidad, pero deja sin efecto la fijación de indemnización al entender que estaríamos ante un supuesto de reconocimiento de una situación jurídica individualizada, en el que no procede la indemnización de daños y perjuicios porque no se ha entrado en el fondo del asunto.

El recurso de casación se admite a trámite e identifica como interés casacional:

» Si la anulación de un acto como consecuencia de la caducidad del procedimiento administrativo, sin entrar a examinar el fondo del asunto, excluye por sí sola la posibilidad de que se reconozca una situación jurídica individualizada consistente en la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, o si, por el contrario, es necesario entrar en el fondo del asunto y examinar la conformidad a Derecho del acto administrativo para el reconocimiento de la misma».

Las normas objeto de interpretación son los artículos 106.2 de la CE, 139.1 y siguientes de la Ley 30/1992 (actuales artículos 32 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre), y 31.2 y 71.1, letras b) y d) de nuestra Ley Jurisdiccional.

Fundamentos de la resolución del recurso de casación.

En el fundamento derecho tercero comienza realizando una diferenciación muy didáctica de las reclamaciones económicas que se pueden sustanciar en la jurisdicción contencioso administrativa, pudiendo orientarse las reclamaciones de daños y perjuicios por dos cauces distintos.

1.- Aquellos supuestos en los que la reclamación económica sea la pretensión principal y autónoma consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos (artículo 106.2. CE)

2.- Otros supuestos en los que la pretensión de resarcimiento pecuniaria se anude a otra pretensión principal de revocación del acto como medida adecuada para el pleno restablecimiento de una situación jurídica individualizada (artículo 31.2 y 71.1.b. de la LJCA).

El primer caso -de pretensión independiente- es el supuesto paradigmático de la responsabilidad patrimonial, que para ser enjuiciada se tiene que haber tramitado previamente el procedimiento administrativo previo; pero en el segundo caso la pretensión de indemnización puede articularse «ex novo» en sede judicial junto a la pretensión principal de anulación/nulidad del acto, siendo potestativo para el recurrente tal como comentamos en esta anterior entrada Link

En este sentido el TS recuerda que no solo puede esgrimirse «ex novo» en sede judicial sino también -cumpliendo ciertos requisitos- puede introducirse en conclusiones tal como dispone el artículo 65.3. LJ:

«En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos».

Y finaliza señalando:

«Es decir, si el alcance de los daños constare probado en autos podría peticionarse dicho resarcimiento en conclusiones sin que se pudiera alegar de adverso desviación procesal.En definitiva, la solicitud de indemnización puede constituir una pretensión autónoma e independiente, que es consecuencia de los daños y perjuicios ocasionados por el funcionamiento de los servicios públicos ( artículos 106.2 de la CE, 139 y siguientes de la Ley 30/1992, y 32 y siguientes de la Ley 40/2015). Pero también puede ser una pretensión subordinada, de carácter accesorio a la anulación del acto administrativo impugnado, cuando la indemnización de los daños y perjuicios suponga la única medida para lograr el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada por el acto administrativo contrario al ordenamiento jurídico ( artículos 31.2 y 71.1.b) de la LJCA).»

Sentado lo anterior entra a conocer del fondo del asunto, determinando que en el caso enjuiciado tratamos del ejercicio de una pretensión de carácter accesorio -artículo 31.2. LJ-, siendo la principal la nulidad/anulación del acto administrativo que declaró la caducada la concesión administrativa, resolución que fue dictada con posterioridad a que el procedimiento administrativo hubiere caducado.

En estos supuestos nada obsta para que pueda resolverse la petición de indemnización sin necesidad del agotamiento de un procedimiento de responsabilidad administrativo previo, debiendo clarificar su alcance toda vez que los tribunales no se han pronunciado sobre el fondo del asunto. Ahora bien, esta falta de fiscalización respecto al fondo no implica que no quepa indemnización alguna, ya que:

«No se trata de determinar los perjuicios derivados de la caducidad de la concesión, sino en los derivados de la caducidad del procedimiento en el que se dictó el acto de caducidad de la concesión. De manera que la reparación de los daños y perjuicios ocasionados debe referenciarse a la actuación administrativa que se concreta, y que deriva, en la anulación por la caducidad del procedimiento administrativo, sin atender a la caducidad de la concesión administrativa, cuya legalidad no ha sido examinada.

Lo cierto es que la mercantil ahora recurrente ha sido privada indebidamente de la concesión administrativa, y de la posición que ostentaba al respecto. Y ha sido situada en tal posición en virtud de un acto administrativo que adolecía de un vicio de invalidez, pues se había dictado, como venimos insistiendo, en un procedimiento administrativo ya caducado. El restablecimiento de la situación jurídica individualizada demanda, en consecuencia, que deba repararse el perjuicio derivado de tal actuación administrativa, mediante la correspondiente indemnización que tenga en cuenta lo dejado de percibir durante el periodo en que ha sido privado de la concesión, restando el canon que se ha dejado de abonar, con los intereses.»

Es decir, la recurrente no puede pretender mediante la declaración de caducidad del procedimiento una indemnización que alcance una hipotética condena que abarque el fondo de la cuestión que ha quedado imprejuzgada, pero del mismo modo sí tiene derecho a ser indemnizado por el periodo en que se ha visto privado de la concesión en virtud de un acto administrativo contrario a derecho, con independencia que lo que pueda acontecer en el futuro.

Ya por último la Sala refuerza su tesis señalando algún pronunciamiento previo en el que había optado por similar solución, concretamente:

«…Sentencias de 3 de diciembre de 2010 (recurso contencioso- administrativo nº 541/2009), 1 de octubre de 2012 (recurso contencioso-administrativo nº 345/2010), en las que se acuerda la estimación del recurso contencioso administrativo, interpuesto por quien ha sido sancionado disciplinariamente, porque la sanción ha sido impuesta en un procedimiento administrativo ya caducado, y se establece una indemnización sobre, en esos casos, las retribuciones dejadas de percibir.

En concreto, en la segunda sentencia citada, de 1 de octubre de 2012, se declara que procede acceder al » reingreso al servicio activo, en los términos que resultan de su escrito de conclusiones, cancelación de anotaciones y comunicaciones procedentes así como los económicos consistentes en el abono de las retribuciones no percibidas y la devolución de las multas, con sus intereses» (fundamento de derecho sexto). Y en la primera sentencia citada, de 3 de diciembre de 2010, se recoge, en su parte dispositiva, que además de declarar la nulidad del acto por la caducidad del procedimiento procede el » reconocimiento de la situación jurídica individualizada del recurrente y su derecho a ser indemnizado de los daños económicos sufridos y ser restablecido en sus derechos administrativos y estatutarios».»

Rafael Rossi Izquierdo -Abogado-

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